La explotación comercial de datos cuestiona la gratuidad de plataformas digitales
Los datos personales como contraprestación digital
La entrega de datos personales a cambio de acceder a servicios digitales puede constituir una forma de pago, aunque el consumidor no realice ningún desembolso económico. Esta es la interpretación defendida por la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Laila Medina, en sus conclusiones de 19 de noviembre de 2026, relativas al asunto C-643/25, Verbraucherzentrale Bundesverband. Su propuesta cuestiona la posibilidad de presentar como gratuitos aquellos servicios que exigen a los usuarios facilitar información personal para su explotación comercial.
El origen jurídico del litigio contra Meta
La controversia se remonta a febrero de 2015, cuando Facebook, explotada en la Unión Europea por Meta Platforms Ireland, mostraba en su página de registro el mensaje «Facebook es gratis y lo será siempre».
La Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores de Alemania impugnó esta afirmación al considerar que el acceso a la red social estaba condicionado a la entrega de datos personales y al consentimiento para su utilización comercial. En consecuencia, entendía que existía una contraprestación que impedía calificar el servicio como gratuito.
Los tribunales alemanes rechazaron inicialmente esta interpretación, al considerar que la prohibición prevista en la normativa europea únicamente comprendía los pagos económicos. El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán planteó entonces una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
El concepto de pago en la normativa europea
La Abogada General Medina propone interpretar la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en el sentido de que el pago no debe identificarse exclusivamente con una prestación dineraria.
Para fundamentar esta posición, señala que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que una práctica comercial puede implicar contraprestaciones distintas del dinero, siempre que tengan valor económico y exista una relación cierta entre ellas y la actividad comercial correspondiente.
En este supuesto, los datos personales permiten a las plataformas obtener ingresos publicitarios y financiar sus servicios. Por tanto, su utilización comercial constituye una ventaja económica para el operador, aunque el usuario conserve la titularidad de la información facilitada.
La propuesta establece una distinción relevante: no impedirá considerar gratuito un servicio cuando los datos se utilicen exclusivamente para garantizar su prestación o cumplir obligaciones legales. La explotación comercial, en cambio, constituye una contraprestación.
La compatibilidad con el RGPD y la normativa de consumo
Medina considera que esta interpretación resulta coherente con la Directiva sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores, que reconocen modelos de negocio basados en el intercambio de datos personales.
Asimismo, rechaza que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) excluya la aplicación de la normativa sobre prácticas comerciales desleales. Ambas disposiciones tienen finalidades diferentes y resultan aplicables de manera acumulativa.
Consecuencias para las plataformas digitales
La interpretación propuesta no restringe la libertad empresarial ni impide ofrecer servicios a cambio de datos personales. Sin embargo, las empresas no podrán calificarlos de gratuitos cuando exista una contraprestación comercial.
Además, al tratarse de una práctica prohibida en cualquier circunstancia, no será necesario acreditar que el consumidor medio fue efectivamente inducido a error.
Las conclusiones no son vinculantes. Corresponde ahora al Tribunal de Justicia resolver definitivamente la cuestión prejudicial.
