Delito continuado de estafa: defraudación y perjuicio

16/11/2026

Delito continuado de estafa: las claves de la sentencia

Delito continuado de estafa: dos años entre dos fraudes no impiden apreciarlo si responden al mismo plan y a la misma dinámica. Lo confirma el Tribunal Supremo y distingue además entre defraudación y perjuicio.

Delito continuado de estafa: la conexión temporal

El delito continuado agrupa varias acciones en una unidad jurídica. Exige un plan preconcebido o el aprovechamiento de idéntica ocasión.

La jurisprudencia exige cierta conexión temporal, pero no la fija en un periodo concreto. Depende de las circunstancias, de la dinámica comisiva y del plan del autor.

Aquí los dos fraudes responden a un mismo plan y a la misma dinámica. Solo difieren en el momento. Eso no impide integrarlos en un único delito continuado de estafa.

Defraudación y perjuicio: la agravación de 50.000 euros

El recurso pedía no aplicar la agravación por superar los 50.000 euros. Alegaba que no se descontaron los gastos de la menor. Tampoco se probó, decía, que la acusada se quedara con el dinero del segundo perjudicado.

El Supremo aclara que la acumulación de importes es correcta. El artículo 74.2 del Código Penal atiende al perjuicio total. La agravación del artículo 250.1.5.º atiende, en cambio, al valor de la defraudación. Son conceptos distintos, aunque pueden coincidir.

Aquí coinciden. No se acreditó el importe de los gastos de la menor ni su liquidez y exigibilidad. En el segundo fraude constan los pagos, las disposiciones y la incapacidad del perjudicado. Se mantienen la agravación y las indemnizaciones.

Delito continuado de estafa: los hechos y la condena

La Sala Segunda del Tribunal Supremo desestima el recurso de una mujer condenada por un delito continuado de estafa agravada. Defraudó a dos familias haciéndose pasar por psicóloga.

En 1999, la acusada fundó cerca de León una asociación contra la ludopatía. Se presentaba como psicóloga, sin serlo.

El primer fraude, de 2009 a 2013, afectó a la madre de una adolescente de 15 años con obesidad mórbida. La acusada le aseguró que podía tratarla por 1.600 euros mensuales. La menor vivió en su casa más de cuatro años sin tratamiento. La madre y la abuela pagaron al menos 20.410 euros. Además, pidió 19.200 euros para abogados que no pensaba contratar.

El segundo, de 2015 a 2016, afectó a un hombre con demencia del lóbulo frontal. Le ofreció tratarlo por 1.600 euros al mes y obtuvo un poder general notarial. Le hizo rescatar una póliza y cancelar un fondo, y se quedó con 18.809 euros.

La Audiencia Provincial de León la condenó por un delito continuado de estafa agravada. La defraudación superaba los 50.000 euros (artículo 250.1.5.º del Código Penal). Le impuso tres años de prisión. El TSJ de Castilla y León confirmó la sentencia.

El recurso cuestionaba la continuidad delictiva entre dos fraudes con perjudicados distintos y separados por unos dos años.

La prueba y el fallo

La defensa alegaba error en la valoración de la prueba (artículo 849.2 de la LECrim). El Supremo lo rechaza. Este motivo solo permite corregir los hechos probados con documentos literosuficientes. Las declaraciones son pruebas personales, y el cuaderno del perjudicado no acredita que entendiera las operaciones.

El Supremo desestima el recurso, confirma la condena por un delito continuado de estafa agravada e impone las costas a la recurrente.

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