Un año de prisión por una factura falsa

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha confirmado la condena de un año de prisión impuesta a un hombre por un delito de intento de estafa procesal, después de que presentara durante un procedimiento judicial una factura cuya autenticidad fue negada por el abogado al que se atribuía. El documento pretendía acreditar el pago de unos honorarios y evitar así el abono de la minuta reclamada por la procuradora.

La reclamación de 309,43 euros

Los hechos tienen su origen en una deuda de 309,43 euros correspondiente a los honorarios de la procuradora que representó al condenado en un procedimiento laboral.

El acusado no atendió los diferentes requerimientos de pago realizados por la profesional. Estos se efectuaron mediante carta, teléfono y medios telemáticos. Ante la falta de respuesta, la procuradora tuvo que acudir a la vía judicial mediante un procedimiento de jura de cuentas.

Durante la tramitación de este procedimiento, el acusado presentó un escrito en el que sostenía que ya había abonado los honorarios a su abogado. Para respaldar su afirmación aportó una factura de 2.077,60 euros, en la que aparecía el concepto «minuta de honorarios profesionales» y que aparentaba incorporar la firma digital del letrado.

El abogado negó que el documento fuera auténtico.

La finalidad de la factura presentada

La defensa cuestionó que la sentencia explicara exactamente cómo había sido falsificada la factura. Sin embargo, el TSJR considera que esta circunstancia no desvirtúa las pruebas existentes.

La Sala destaca que el acusado disponía de medios suficientes para elaborar el documento, entre ellos correo electrónico y WhatsApp. Además, fue él mismo quien incorporó la factura al procedimiento judicial.

Para los magistrados, estos elementos permiten concluir que el acusado utilizó el documento porque podía favorecer su posición en el proceso. Su finalidad consistía en obtener una respuesta judicial que le beneficiara y perjudicara los intereses de la procuradora.

La maniobra no consiguió el resultado pretendido. Durante el procedimiento, la procuradora terminó cobrando íntegramente la cantidad que se le adeudaba.

Cada profesional tenía sus propios honorarios

La resolución también considera probado que el condenado conocía que debía abonar de forma independiente los honorarios correspondientes al abogado y a la procuradora.

Ambos profesionales le habían informado de esta circunstancia y las facturas emitidas por cada uno eran independientes. Por ello, el supuesto pago de los honorarios del abogado no podía justificar el impago de la minuta de la procuradora.

La sentencia puede recurrirse

El TSJR considera que la Audiencia Provincial valoró correctamente las pruebas practicadas en el juicio oral y justificó de forma adecuada la calificación jurídica de los hechos.

La condena de un año de prisión por intento de estafa procesal queda así confirmada, aunque la resolución todavía no es firme. El condenado puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.