Europa rechaza descuentos forzosos

Una sentencia sobre precios alimentarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la normativa húngara que obligaba a grandes supermercados y distribuidores a aplicar descuentos mínimos en determinados alimentos. El fallo, correspondiente al asunto C-658/24 | Penny Market, determina que estas obligaciones vulneraban las reglas europeas sobre competencia y servicios.

La decisión afecta a una medida aprobada por Hungría en 2023 para contener el aumento del coste de los alimentos. La normativa exigía a ciertos comerciantes vender algunos productos con un descuento mínimo del 15 % y mantener cantidades suficientes durante los periodos promocionales.

El objetivo del Gobierno húngaro era reducir el impacto de la inflación y facilitar el acceso a productos básicos.

El origen del procedimiento

La controversia comenzó cuando las autoridades sancionaron a Penny Market después de comprobar que dos productos sujetos a la promoción no estaban disponibles durante una inspección.

La compañía sostuvo que existían dificultades de suministro y que había ofrecido sustituciones para garantizar la atención a los consumidores. Sin embargo, la sanción fue mantenida y el asunto llegó a los tribunales europeos.

El órgano judicial húngaro pidió al TJUE que analizara si estas obligaciones respetaban la legislación comunitaria.

Una restricción al comercio

El Tribunal europeo considera que la medida limitaba la libertad de los distribuidores para decidir sus precios y cantidades de venta. Según la sentencia, estas decisiones forman parte de la actividad económica de las empresas y no pueden imponerse sin una justificación compatible con el Derecho europeo.

El TJUE destaca que la competencia es un elemento fundamental del mercado interior y que las normas nacionales deben respetar ese principio.

Protección al consumidor y proporcionalidad

Hungría argumentó que la medida buscaba proteger a los consumidores con menos recursos. No obstante, el Tribunal concluye que la regulación no era proporcionada porque no garantizaba que las personas más vulnerables pudieran beneficiarse realmente de los descuentos.

Además, la obligación afectaba principalmente a grandes distribuidores, que no siempre estaban presentes en las zonas donde existía mayor necesidad.

Efectos sobre futuras regulaciones

La sentencia establece un límite importante para las políticas nacionales de control de precios. Los Estados pueden intervenir en situaciones económicas excepcionales, pero las medidas deben respetar las libertades fundamentales de la Unión.

La resolución también obliga a analizar si existió discriminación indirecta contra empresas extranjeras.