El TSJ rechaza blindar una empresa familiar

Dos años de prisión por administración desleal: sentencia nº 29/2026, de 26 de marzo

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha condenado a dos años de prisión a la responsable de una imprenta familiar de Zaragoza por un delito societario y otro de administración desleal. La sentencia impone además una multa económica y una indemnización cercana a los 15.000 euros a favor de la empresa afectada.

La resolución tiene especial relevancia porque delimita cuándo una sociedad familiar puede mantener su protección jurídica propia y cuándo no resulta posible considerar los conflictos internos como simples disputas entre parientes.

Una auditoría destapó las irregularidades

La empresa había sido creada en 1999 por su hermano y su madre. Años después, la acusada pasó a encargarse de la administración de la mercantil tras la jubilación de la fundadora.

Las sospechas surgieron en 2020, después de que proveedores y clientes comenzaran a denunciar problemas relacionados con pagos y cobros. Una auditoría interna detectó entonces movimientos económicos irregulares y alteraciones en la documentación contable.

Según el tribunal, la acusada desvió más de 34.000 euros para beneficio propio entre efectivo y cheques emitidos desde la empresa. Además, dejó de presentar las cuentas en el Registro Mercantil y modificó datos contables para ocultar la situación real de la sociedad.

La sentencia también recoge que la gestión provocó dificultades económicas, impagos y sanciones fiscales derivadas de retrasos tributarios.

El límite del “levantamiento del velo”

El principal debate jurídico del caso se centró en la aplicación de la doctrina conocida como “levantamiento del velo”. Esta figura permite, en determinados supuestos excepcionales, ignorar la personalidad jurídica de una empresa cuando se utiliza de forma fraudulenta.

La Audiencia Provincial había entendido que el carácter familiar de la sociedad justificaba tratar el asunto como un conflicto interno entre hermanos, aplicando así la excusa absolutoria prevista para ciertos delitos patrimoniales entre familiares.

Sin embargo, el TSJ de Aragón considera que esa interpretación no resulta válida en este caso. Los magistrados sostienen que una empresa familiar continúa siendo una sociedad mercantil con patrimonio y personalidad jurídica independientes.

La resolución destaca que no existían pruebas suficientes para concluir que la empresa fuera ficticia o que existiera una confusión total entre el patrimonio de la sociedad y el de los socios.

Relevancia de la sentencia

El fallo refuerza la responsabilidad penal de quienes administran sociedades familiares y limita el uso de mecanismos jurídicos destinados a evitar condenas cuando existen perjuicios económicos reales para la empresa.

La sentencia todavía no es firme y podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.