El Supremo respalda la labor periodística

Un caso de reputación y prensa: STS 553/2026, de 10 de abril.

El Tribunal Supremo ha resuelto un caso que enfrentaba el derecho al honor de una profesional pública con la libertad de información de un medio digital. La controversia surgió tras la publicación de noticias basadas en un informe policial que la vinculaba con una investigación criminal.

La afectada consideró que estas informaciones dañaban gravemente su reputación y acudió a los tribunales solicitando una indemnización y la retirada de los artículos.

Qué exige la ley a los periodistas

La clave del caso radica en determinar si la información era “veraz” en el sentido jurídico. El Tribunal Supremo aclara que la veracidad no implica que los hechos sean indiscutiblemente ciertos, sino que el periodista haya actuado con diligencia al verificar la información.

En este supuesto, los artículos se basaban en un informe policial real, cuyo contenido fue reproducido y citado expresamente. Esto permite considerar que el medio actuó conforme a los estándares profesionales exigibles.

Importancia del interés público

El Tribunal también destaca que la información tenía relevancia pública, ya que trataba sobre una investigación de criminalidad organizada. Este tipo de asuntos, por su impacto social, gozan de una mayor protección dentro de la libertad de información.

Además, la condición pública de la persona afectada incrementa el interés general en conocer los hechos.

¿Hubo exceso en la publicación?

Aunque la demandante criticó el tono de los titulares y ciertos detalles incluidos en las noticias, el Tribunal considera que no hubo un uso desproporcionado del lenguaje. Las expresiones empleadas se entienden como parte del relato informativo y no como ataques personales gratuitos.

También se analiza si el medio se limitó a reproducir la información o si la modificó. Aunque existió cierta elaboración periodística, ello no invalida la protección constitucional de la información difundida.

Conclusión del Tribunal

El Tribunal Supremo concluye que no se vulneró el derecho al honor y confirma las sentencias previas. La demandante deberá asumir las costas del proceso.

La decisión refuerza la seguridad jurídica de los medios de comunicación al reconocer que el uso de fuentes oficiales fiables, como informes policiales, puede justificar la publicación de informaciones sensibles sin incurrir en responsabilidad legal.