Ley Orgánica 1/2026 | reforma penal de la multirreincidencia en hurtos y estafas

La Ley Orgánica 1/2026 reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia, especialmente en los delitos patrimoniales de escasa cuantía cometidos de forma reiterada. La norma parte de una idea muy clara: determinados hurtos y estafas leves, cuando se repiten, dejan de ser episodios aislados y generan un perjuicio acumulado para las víctimas, para el comercio, para la convivencia urbana y también para la actividad policial y judicial.

Qué cambia la Ley Orgánica 1/2026

Reforma de la reincidencia y de la multirreincidencia

En el plano penal, la ley retoca las reglas de la reincidencia para dejar más claro cuándo pueden computarse antecedentes y cuándo no. Se mantiene la regla general de que los antecedentes por delitos leves no cuentan a estos efectos. Sin embargo, se introduce una excepción para los supuestos agravados de multirreincidencia en delitos leves, con la finalidad de hacer más coherente el sistema.

La reforma también ajusta las reglas sobre individualización de la pena y sobre la suspensión de la ejecución. De este modo, la reiteración delictiva pasa a tener consecuencias prácticas más visibles en la respuesta penal.

Hurto leve y multirreincidencia | la multa ya no será la única respuesta

Uno de los cambios centrales afecta al hurto leve. Hasta ahora, cuando lo sustraído no superaba los 400 euros, la respuesta ordinaria era una pena de multa. Con la reforma, esa consecuencia deja de ser automática en los supuestos de reiteración.

Así, cuando el autor haya sido condenado ejecutoriamente por al menos tres delitos de la misma naturaleza, comprendidos en el mismo título del Código Penal, y al menos uno de ellos sea leve, podrá imponerse la pena prevista para el tipo básico del hurto y no solo la multa propia del delito leve.

La ley refuerza así la respuesta frente a conductas de escasa cuantía individual, pero repetidas en el tiempo. El eje de la reforma no está tanto en el importe de cada sustracción, sino en la continuidad de la conducta.

Nuevos supuestos de hurto agravado

La ley también amplía los supuestos de hurto agravado. Entre ellos destacan dos.

El primero afecta a las explotaciones agrícolas y ganaderas. En estos casos, bastará con que lo sustraído supere los 400 euros para apreciar el tipo agravado, siempre que se trate de productos, instrumentos o medios vinculados a esa actividad. Con ello, el legislador refuerza la protección penal de un sector especialmente expuesto a este tipo de sustracciones.

El segundo supuesto agravado se refiere a la sustracción de teléfonos móviles y de otros dispositivos de comunicación o de almacenamiento digital con datos personales, salvo los que estén a la venta o expuestos en establecimientos comerciales. La justificación de esta agravación está en el valor añadido de estos objetos, que no depende solo de su precio material, sino también de la información personal que contienen y del perjuicio que su pérdida puede provocar a la víctima.

Reforma de la estafa leve | misma lógica frente a la reiteración

La reforma actúa en paralelo sobre la estafa. En concreto, reordena el artículo 248 del Código Penal para precisar mejor el régimen de la estafa leve. De nuevo, introduce una cláusula de multirreincidencia.

De este modo, cuando el fraude no supere los 400 euros, en principio se castigará con multa. Pero si el autor acumula al menos tres condenas ejecutorias por delitos de la misma naturaleza dentro de ese capítulo, siendo al menos uno leve, se aplicará la pena del tipo general de estafa.

La ley modifica también el artículo 250 del Código Penal para ajustar el subtipo agravado de reincidencia en estafas menos graves o graves. La finalidad vuelve a ser la misma: evitar que la reiteración de pequeñas defraudaciones reciba una respuesta fragmentada y poco eficaz.

Defraudación de fluido eléctrico para instalaciones vinculadas al tráfico de drogas

La norma añade un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal para castigar con mayor severidad la defraudación de fluido eléctrico cuando se realice para abastecer instalaciones utilizadas en delitos de tráfico de drogas. La agravación se explica por la conexión directa entre la defraudación y una actividad delictiva más grave.

Reforma del “petaqueo”

La ley también modifica el artículo 568 del Código Penal para tipificar con mayor precisión supuestos relacionados con el llamado “petaqueo”. La respuesta penal se agrava cuando la sustancia inflamable sea un combustible líquido, al entenderse que estos casos presentan un plus de riesgo.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Primeras diligencias y retirada de contenidos ilícitos

En el plano procesal, la reforma busca facilitar una intervención judicial más temprana para evitar la reiteración delictiva. Para ello, modifica el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y refuerza el papel de las primeras diligencias.

La nueva regulación permite adoptar desde fases iniciales medidas de protección. Además, en delitos cometidos por internet, por teléfono u otras tecnologías, podrá acordarse provisionalmente la retirada de contenidos ilícitos, la interrupción de servicios o su bloqueo cuando radiquen en el extranjero.

Medidas cautelares personales y control telemático

También se reforma el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar las medidas cautelares personales. Así, podrán acordarse prohibiciones de residir o acudir a determinados lugares, o de aproximarse o comunicarse con determinadas personas, cuando ello resulte estrictamente necesario para proteger a la víctima o para evitar nuevas infracciones.

La ley añade además que, en determinados delitos, podrán utilizarse dispositivos telemáticos de control para vigilar el cumplimiento de esas medidas. Con ello, la reforma pretende que esas cautelas no sean solo formales, sino realmente eficaces.

Los ayuntamientos podrán ejercer la acción penal en delitos de hurto

Otro de los cambios relevantes es de carácter institucional. La reforma reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal en delitos de hurto.

La novedad se presenta como una forma de implicar más directamente a los municipios en la persecución de conductas que afectan de manera inmediata a la convivencia vecinal y a la seguridad urbana. El legislador da así mayor protagonismo a los ayuntamientos en la respuesta frente a infracciones con impacto directo en el espacio público y en la actividad comercial.