El Supremo ratifica propiedad estatal [Sentencia 480/2026, de 25 de marzo ]

Origen del conflicto judicial

El Tribunal Supremo ha resuelto un conflicto entre la parte demandante (empresa privada) y la parte demandada (Administración del Estado) relativo a la propiedad de dos bienes de valor histórico. La empresa solicitaba que se reconociera su titularidad y la devolución de los mismos.

Tras la desestimación de la demanda en primera instancia y en apelación, la parte demandante acudió al Tribunal Supremo alegando errores en la valoración de la prueba y la aplicación indebida de normas sobre prescripción adquisitiva.

Posesión sin título de dominio

El Tribunal analiza si la posesión ejercida por la empresa podía considerarse en concepto de dueño. Con base en los artículos 432 y 447 del Código Civil, concluye que dicha posesión derivaba de relaciones jurídicas previas con el Estado, como arrendamientos o concesiones, y no implicaba titularidad dominical.

Además, no se acreditó ningún acto claro que evidenciara un cambio en el concepto de posesión, requisito necesario para poder alegar la adquisición por usucapión.

Rechazo de la prescripción adquisitiva

La empresa fundamentaba su pretensión en el artículo 1955 del Código Civil. Sin embargo, el Tribunal señala que la usucapión requiere posesión en concepto de dueño, lo que no se ha probado.

A ello se añade que los bienes en cuestión forman parte del patrimonio histórico, lo que implica su imprescriptibilidad, conforme a la Ley 16/1985. Esta circunstancia excluye la posibilidad de adquirir la propiedad por el paso del tiempo.

Valor limitado del contrato de comodato

También se examinó un contrato de comodato en el que se mencionaba a la empresa como propietaria. No obstante, este tipo de contrato no transmite la propiedad, sino únicamente el uso temporal del bien.

Por tanto, el Tribunal considera que dicho documento no puede servir como prueba suficiente de la titularidad ni alterar el régimen jurídico aplicable.

Decisión final del Tribunal

El Tribunal Supremo confirma las resoluciones anteriores y declara que la propiedad corresponde al Estado. Asimismo, impone las costas a la parte demandante.

La sentencia refuerza la idea de que la posesión prolongada no es suficiente para adquirir bienes públicos, especialmente cuando existen normas que protegen el patrimonio histórico.