Un caso sobre derechos en el parto

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a ser informada antes de someterse a un parto instrumental, incluso en un contexto hospitalario dinámico como el obstétrico.

El caso se remonta a un parto atendido en un hospital público, donde se emplearon ventosa y fórceps tras varias horas de dilatación. Aunque el recién nacido presentó buen estado al nacer, la madre desarrolló posteriormente un cuadro de dolor pélvico crónico.

Debate judicial: técnica frente a información

El debate no giró únicamente en torno a si la técnica fue correcta. La cuestión central fue determinar si existía una urgencia real que justificara actuar sin consentimiento, conforme al artículo 9.2 b) de la Ley 41/2002.

La Audiencia Provincial entendió que la actuación estaba justificada por la evolución del parto. Sin embargo, el Supremo revisó la valoración probatoria y concluyó que no se acreditó riesgo inmediato grave ni imposibilidad de informar.

Consentimiento informado como derecho fundamental

El Tribunal recuerda que el consentimiento informado no es un trámite burocrático, sino una garantía vinculada a la dignidad y autonomía de la persona. La Ley 41/2002 obliga a proporcionar información suficiente y comprensible sobre riesgos y alternativas.

En este caso, la paciente estaba consciente y no existían signos clínicos que impidieran solicitar su autorización antes de instrumentalizar el parto.

Consecuencias del fallo

Aunque el Supremo no aprecia negligencia técnica, sí declara vulnerado el derecho a decidir. Por ello, concede una indemnización inferior a la inicialmente reclamada, al entender que el daño se concreta en la pérdida de oportunidad de elección.

La resolución envía un mensaje claro al ámbito sanitario: incluso en situaciones de presión asistencial, la información al paciente es un deber jurídico esencial, cuya omisión puede generar responsabilidad.